Jaime Villanueva Barreto

La pandemia por el Covid-19 ha golpeado duramente a nuestro país con más de 5000 muertes según los reportes del gobierno. En más de 90 días de confinamiento y un permanente estado de excepción, hemos podido asistir a lo que ha sido la más patética puesta en escena de una tragedia tantas veces anunciada. Sus actores principales: los áulicos del modelo neoliberal que ha sido remecido desde sus cimientos y pugna por mantenerse en un llamado insistente a la “vuelta a la normalidad”. Cabe entonces preguntarse ¿cuál es esa normalidad a la que se refieren? Sin duda, aquella que siempre mantuvieron soterrada, la de la exclusión, la informalidad, la miseria disfrazada de emprendedurismo, y cómo no, la corrupción. Esa pandemia que ha acompañado nuestra historia desde la fundación misma de la república.

Antes de la llegada del Covid-19 al Perú, la corrupción ocupaba el centro de la discusión nacional. Esto ha cambiado drásticamente y aquellos que tanto daño han hecho al país han sabido aprovechar muy bien la situación no sólo para mantenerse en sus puestos, obtener su libertad y volver a la comodidad de sus viviendas –tal vez obtenida con dinero sucio-, sino que también para fortalecerse y desarmar todo lo avanzado hasta ahora.

Un caso ejemplar es lo que está sucediendo con el caso más emblemático de corrupción judicial de las últimas décadas, el de la organización criminal “los cuellos blancos del puerto” o más coloquialmente, los “hermanitos”. Todo el país escuchó atónito la manera como se negociaba la justicia en nuestro país. Por medio de sus llamadas telefónicas pudimos enterarnos de la absoluta degradación moral en que habían sumido a nuestro sistema de justicia: componendas, favores, amiguismo, cobros por puestos y sentencias, etc. Un descalabro tal que llevó al gobierno a liderar una reforma judicial sin precedentes que terminó por acabar con un organismo constitucionalmente autónomo como el Consejo Nacional de la Magistratura, el llamado a un referéndum y la disolución del Congreso.

Sin embargo, con la pandemia todo esto no sólo se ha paralizado, sino que hemos retrocedido mucho de lo avanzado. La inoperancia de la recientemente estrenada Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha permitido que los hermanitos no sólo sigan cobrando sus sueldos de más de 40 mil soles mensuales –con el dinero público que podría servir para salvar vidas-, sino que además puedan seguir haciendo de las suyas. Estratégicamente se han mantenido en silencio para ganar tiempo y esperar que “bajen las aguas” y volver a las andadas. De los procesos disciplinarios que abrió la JNJ no se ha avanzado nada. Aún tenemos a Pedro Chávarry, Tomás Gálvez, Víctor Raúl Rodríguez, Luis Carlos Arce, Ángel Romero, Aldo Figueroa, entre otros, burlándose de nosotros, no se sabe si sólo por inoperancia o con la complicidad de la la JNJ.

La suspicacia hace pensar inmediatamente que cuando hay tanta demora, ineficiencia y desinterés por hacer su trabajo de parte de una institución se debe a que algo intentan encubrir. La JNJ nació con la esperanza de que se termine con el oprobio al que estos sujetos nos condenaron. Significaba la promesa de la renovación de la justicia en el Perú, de la reforma que tanto necesitamos. Era el triunfo del esfuerzo de las valientes y honestas fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, que no dudaron en enfrentarse al poder para que todo el país conozca la verdad que nos merecemos. Sin embargo, nada de eso ha sucedido y, al contrario, ahora son ellas las que corren peligro de ser sacadas del sistema de justicia por obra de los “hermanitos”.

No debemos olvidar los múltiples intentos de los presuntos miembros de esta organización criminal por desmantelar el impecable trabajo del Equipo Especial Lava Jato liderado por Rafael Vela e integrado por José Domingo Pérez. Hemos visto todos lo que hizo Chávarry en su intento por cesarlos en sus cargos, las veces en que un desaforado y rabioso Tomás Gálvez ha salido a insultarlos y denunciarlos públicamente a base sólo de infamias, la oportunidad en que Víctor Raúl Rodríguez le enmendó la plana al Equipo Especial opinando que Keiko Fujimori (a todas luces la jefa de la mafia) no merecía la prisión preventiva en un claro contubernio de apoyo y favores mutuos, o la denuncia por enriquecimiento ilícito que pesa sobre Luis Carlos Arce, asiduo visitante a la casa de Walter Ríos (también próximo a ser liberado).

Pues bien, la JNJ tiene la facultad de aplicar la suspensión preventiva del cargo contemplado en el artículo 87 de su propio Reglamento de Procesos Disciplinarios, mientras duran sus procesos. Pero no lo hecho, habría que preguntarles cuál es la razón de ello. Son ellos los únicos con la facultad para sancionar y expulsar del sistema de justicia a estas personas que se han burlado muchas veces de la ciudadanía. Pero dando la espalda a lo que es un clamor de todo el Perú no lo hacen. Prefieren refugiarse en formalismos o interpretaciones mañosas de la ley que permiten que todo siga “normal, nomás”.

Pero, la situación es preocupante. La congresista Carolina Lizárraga lo advirtió hace unos días en un enjundioso y valiente oficio dirigido a la JNJ. Tenemos ante nosotros el peligro real de que los “hermanitos” se vuelvan a apoderar de al menos tres instituciones claves para nuestra democracia.

El 12 de julio próximo vence el mandato de Luis Carlos Arce Córdova como representante del Ministerio Público en el Jurado Nacional de Elecciones. Esto es especialmente grave, pues, todos hemos visto las visitas de este personaje a la casa de Walter Ríos por lo que también fue sindicado por las fiscales Castro y Sánchez como miembro de la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”, sino que como se dijo antes ha sido denunciado por la Fiscal de la Nación por la comisión del presunto delito de Enriquecimiento Ilícito. El problema es que al terminar su mandato tendría que volver a integrar la Junta de Fiscales Supremos. En este escenario podrían suceder dos cosas:

Mantener la tradición de enviar al Fiscal Supremo menos antiguo para que integre el Jurado Nacional de Elecciones, con lo cual tendríamos a Víctor Raúl Rodríguez Monteza (el fiscal que mandó allanar las oficinas de IDL, el que se reunía con Javier Velásquez Quesquen y Mauricio Mulder, el que opinó para que Keiko Fujimori quedara libre) como Vicepresidente del Jurado Nacional de Elecciones lo que en tiempo de elecciones presidenciales y congresales como las de abril del próximo año sería terrible, pues un presunto integrante de una red criminal estaría decidiendo sobre candidaturas, exclusiones, etcétera.

La otra opción sería enviar al honesto Fiscal Supremo Pablo Sánchez Velarde al Jurado Nacional de Elecciones para tener así el control absoluto de la Junta de Fiscales Supremos, pues tendrían 4 de los 5 votos que conforman la Junta, órgano máximo de decisión en el Ministerio Público, lo que pondría en serio riesgo no sólo la permanencia de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato y las fiscales que investigan a la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”, sino incluso de la propia Fiscal de la Nación. Cualquiera de estos dos escenarios es igualmente preocupante.

Pero no es todo, el 16 de agosto próximo vence el mandato de la Fiscal de la Nación Zoraida Avalos Rivera y del Fiscal Supremo Pablo Sánchez Velarde como representantes del Ministerio Público en el Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Con lo cual, dos de los cuatro fiscales supremos sindicados como miembros de la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto” tendrían que ir a integrar este consejo directivo. Con esto también tendrían el control de la Academia de la Magistratura precisamente cuando ésta debe asumir la responsabilidad señalada en el artículo 2° de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia en el cual se indica que será la encargada de realizar una evaluación parcial del desempeño de jueces y fiscales. Lo que, en las manos equivocadas, podría ser utilizado para presionar a los magistrados probos que vienen dando una ardua batalla por la recuperación moral de nuestro sistema de justicia. Podemos ver un panorama francamente desolador en medio de la tragedia. Es comprensible que ahora los ciudadanos, más empeñados en sobrevivir no presten atención a esto. Pero, es nuestro deber llamar la atención sobre lo que puede suceder. Las viejas fuerzas de la corrupción se resisten a abrirle paso a la nueva república que todos queremos y debemos empezar la luchar por una profunda renovación de la justicia en el Perú. En ese sentido, hacemos un llamado a la JNJ para que haga su trabajo y cumpla con la función para la que fue creada.

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